El Ministerio Público advirtió irregularidades en el proceso de licitación para acueducto y alcantarillado en varias ocasiones y el alcalde desconoció y firmó por 30 años.
La Procuraduría General de la Nación decidió suspender por el término de tres meses al alcalde de Riohacha José Ramiro Bermúdez Cotes por irregularidades que halló el ente de control en la contratación del acueducto del Distrito. La Delegada Disciplinaria de Instrucción para la contratación Estatal fue la encargada de notificarle al mandatario local la decisión, además de la apertura de una investigación.
Ahora se trata de un proceso investigativo en el que también están involucrados asesores jurídicos para la contratación, secretario de obras y otros funcionarios que tienen que ver con el manejo de la contratación y obras en el Distrito de Riohacha.
Esta decisión de suspender a José Ramiro Bermúdez Cotes e iniciar en su contra el proceso investigativo, tiene que ver con el desarrollo de la “Licitación Pública LP1008/2022, cuyo objeto fue contratar el operador para la gestión, financiación, operación, rehabilitación, construcción, diseño, expansión, reposición y mantenimiento de la infraestructura de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado sanitario en el Distrito de Riohacha“.
Las debilidades en el proceso licitatorio se empezaron a observar desde la misma convocatoria, según las observaciones hechas por la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Contratación estatal y en la medida que fue avanzado se produjeron observaciones del proceso al punto de que la Procuraduría recomendó suspender la licitación y sus términos con el objeto de que se corrigieran las probables fallas detectadas. La licitación fue suspendida, pero cuando se presentó el documento, la procuraduría indicó que los problemas que podrían afectar los derechos de los participantes persistían en el documento por lo que se solicitó hacer la corrección conforme a lo sugerido por el organismo de control.
Contrató, pero no se supo
Sin embargo, luego de un silencio de días, a finales del mes de marzo se filtró la información de que el gobierno que preside José Ramiro Bermúdez Cotes, con la resolución 0311 había suscrito el contrato con la Promesa de Sociedad futura Aqualia S.A.S y E.P.S.
El alcalde no fue localizado porque al parecer se había ido a disfrutar vacaciones desde el pasado jueves, trascendió en los círculos administrativos del Palacio de Gobierno.
Los demás investigados son: Keider Freyle Sarmiento, secretario de Infraestructura y Servicios Públicos; Oscar Junco Rodríguez, director de Servicios Públicos de la Alcaldía Distrital de Riohacha; Ronald Neil Pérez Ojeda, director de la Oficina de Contratación, y Eden Elí Moscote Roys, tesorero y evaluador financiero.
Hubo advertencias
Las observaciones no fueron nuevas, ni producidas por un solo funcionario de los que fueron comisionados desde Bogotá. En el informe se encontró que los primeros en dar recomendaciones que no se acataron fueron los integrantes de la Delegada Preventiva y de Control de Gestión Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública y esto con base en trabajo realizado conjuntamente con la Procuraduría Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial, la Procuraduría Delegada para Asuntos étnicos y la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas para el Seguimiento a los Recursos del Sistema General de Regalías, además de las recomendaciones del Ministerio de Hacienda en lo pertinente a la elaboración de las condiciones del pliego que al parecer le negaba posibilidad de partir en igualdad de condiciones a todas las firmas que estuvieron actuando en el proceso.
Por el momento hay que esperar que mas datos arroja la investigación ordenada en este caso por la Procuraduria en el cual participaran por supuestos otros entes como Contraloria y Fiscalía.
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