El presidente de la República, Gustavo Petro, en reunión con los líderes de Juntas de Acción Comunal en Duitama, Boyacá, anunció que su Gobierno asumirá las funciones de las comisiones reguladoras de servicios públicos domiciliarios en Colombia.
Esta medida fue tomada por el mandatario debido al alza de los servicios que han sido anunciados por nueve empresas de energía pese a que el Gobierno indicó en ocasiones pasadas que las tarifas bajarían.
Ante esto, el jefe de estado invocó el Artículo 370 de la Constitución, que indica que le corresponde al presidente de la República señalar las políticas generales de administración y control de eficiencia con respecto a los servicios públicos.
"Corresponde al presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten", dice parte del Artículo 370.
Asimismo, añadió que es el presidente que tiene la facultad de poder
de generar las políticas de administración y control de eficiencia de los
servicios públicos domiciliarios.
Petro aseveró que tomo la decisión de "no delegar las funciones en las comisiones de regulación de Servicios Públicos, al menos por un tiempo, y entonces voy a asumir el control y las políticas generales de la administración de servicios públicos en Colombia directa y personalmente".
"De acuerdo al artículo 370 de la Constitución y el 68 de la Ley 142 de 1994, retomo las funciones de control y políticas generales de administración de servicios públicos que la Presidencia había delegado en las comisiones reguladoras. Lo haré temporalmente en defensa del usuario", sostuvo el mandatario.
También es pertinente añadir que otro elemento es la forma como la superintendencia se ha parcializado con los operadores de servicios públicos en contra de los derechos de los usuario, es tanto la parcialidad que es muy poca la gente que cree en la regulación imparcial de esta entidad, nichos de politiqueros, ella lo que hace es beneficiar a las empresas en
detrimento de los derechos de la gente.
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